Antes del hackeo había escrito unas líneas para presentarles el proyecto de la Dra. Carrió sobre la nacionalización del sistema previsional y la eliminación de las AFJP. Como ahora no estoy tan inspirado, simplemente les muestro, con algunas negritas puestas por el autor, el proyecto de ley, tal como lo publica Elisa Carrió en su propia pagina:
Proyecto de modificación al sistema previsional establecido en la ley 24.241.
En vistas de los resultados que la reforma previsional había producido, desde el quiebre de la solidaridad intergeneracional hasta el desfinanciamiento de una política social, presentamos este proyecto de ley que proponía la vuelta al sistema estatal de verdadero reparto solidario.
Por otra parte, además de los desaciertos señalados, la reforma previsional tampoco representaba una solución para los futuros jubilados, puesto que observábamos que los fondos individuales de los afiliados al sistema de capitalización podían licuarse con rentabilidades negativas, cuestión que se puso de manifiesto cuando la Ley de Solidaridad Previsional de 1995 derogó la garantía del Estado del artículo 125 de la ley 24.241.
Sin duda alguna, la reforma había significado seguridad para el capital financiero e inseguridad para el ser humano.
En la creencia de que es posible sostener el pago de un beneficio seguro, equitativo y suficiente de cobertura universal y basados en los principios de alteridad y coexistencia, pensamos un nuevo sistema previsional que desarrollamos a partir de los conceptos de interés general y bien común.
El proyecto proponía un beneficio con dos componentes: la PBU y la PC. Asimismo se establecía que los fondos individuales de los afiliados, administrados por las AFJP, pasaran a ser administrados por el Estado a partir del primero de enero de dos mil uno. Desde esa fecha, las AFJP tendrían como objeto la administración de los fondos individuales optativos creados por esta ley.
En cuanto a los beneficios, se planteaba una cobertura universal, con prestaciones diferenciadas en el monto, cuya referencia era el cumplimiento de ciertos requisitos sociales.
Nótese que el proyecto no habla ni un poquito acerca de dos temas fundamentales para la Coalición Cívica: el supuesto derecho de propiedad de los aportantes (no hay ninguna garantía de que los que pasaran al sistema estatal tendrían al menos el mismo nivel de prestaciones, ni que hablar de sus "fondos") y el peligro inminente de que se utilicen los fondos arbitrariamente y para cualquier cosa salvo para pagar las prestaciones (no plantea control alguno ni limitación para utilización por parte del Gobierno de los fondos que pasa a administrar).
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